La disposición del regulador representó un nuevo desafío para el principal proveedor de servicios de telefonía móvil del país andino y complica el camino para que la empresa del magnate mexicano Carlos Slim amplíe por 15 años su actual concesión, que expira este año.

"El 31 de enero de 2008, el Superintendente de Telecomunicaciones, Ingeniero Paúl Rojas Vargas, (ordenó a Porta, nombre comercial de la empresa) proceda a pagar en el término de 72 horas a cantidad de 27036.732 dólares," indicó el ente en un comunicado.

El regulador agregó que el monto final puede variar dependiendo de la vigencia de los intereses respectivos que enfrentará América Móvil, pero sin precisar la fecha en que expira el plazo para el pago.

La Suptel acusa a Porta de aplicar en los noventa un sistema tarifario que cobraba por el minuto completo del servicio de telefonía móvil, independientemente del número de segundos efectivamente utilizados, en una práctica supuestamente lesiva para los intereses de los consumidores.

En el caso que Porta se niegue a cancelar, la Suptel aseguró que podría apelar a mecanismos coactivos para acceder a los recursos. La compañía atendió en diciembre a unos 6,9 millones de usuarios. El mercado ecuatoriano tiene unos 9,9 millones de abonados, según datos de la Suptel.

Ecuador tiene unos 13 millones de habitantes. Porta -que en enero salió airosa de una investigación por una falla técnica que amenazaba con provocar su expulsión del país- no emitió ningún pronunciamiento frente al caso.

La disputa con la Suptel y la cruzada por ampliar su contrato de concesión no son los únicos problemas que enfrenta Porta. El organismo de recaudación tributaria, SRI, lleva adelante una investigación para determinar si la telefónica evade y elude impuestos.

El organismo considera sospechoso que la empresa haya pagado en los últimos cuatro años 4 millones de dólares por Impuesto a la Renta, pese a registrar ventas por más de 2.000 millones de dólares. Porta ha negado las acusaciones y defendido sus declaraciones de impuestos.

La empresa se encuentra bajo fuego además porque el presidente Rafael Correa criticó la calidad de sus servicios y sus altas tarifas, que pueden fluctuar hasta alcanzar los 50 centavos de dólar por minuto, por lo que ha demando su reducción en la negociación de su nuevo contrato.

El líder nacionalista ha asegurado que no dudará en revertir la concesión si no se corrigen los supuestos errores registrados en el vigente.